En su último boletín estadístico de diciembre del año pasado, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento destacó que, comparando los años 2018 y 2019, se evidenció un incremento de un 23 por ciento en los procedimientos de liquidación de empresas. Se trata de la menor alza registrada en los últimos dos años, si se considera que entre 2018 y 2017 hubo un aumento de un 33 por ciento en las liquidaciones de empresas. Al respecto, el Superintendente Hugo Sánchez Ramírez entregó el siguiente comentario: “Aca existen dos temas a diferenciar: primero, que las empresas y personas tengan problemas de sobreendeudamiento y problemas de insolvencia se debe a factores tales como problemas en la gestión financiera, que habitualmente es deficitaria en negocios de menor tamaño (los que mayormente se acogen a los procedimientos de liquidación, que es la más masiva), y que tiene como base una falta de educación financiera. Al respecto, así lo indica la Prueba Internacional PISA, que situó a Chile como país analfabeto financiero (423 puntos versus los 486 promedio de la OCDE); y la “Radiografía del Emprendimiento en Chile 2018”, realizada por la Asech, donde un 17,4 por ciento de los emprendedores consultados reconoció que el fracaso en sus negocios fue por una mala administración, y eso es síntoma de falta de herramientas y conocimientos en el ámbito financiero-contable. También es importante consignar que pueden existir otras causas, en especial para las empresas, como el alza en los precios de los factores productivos, obsolescencia de productos, cambios en las preferencias de los consumidores o coyunturas económicas”. “Lo segundo, es que estas empresas y personas que se encuentran sobreendeudadas o en situación de insolvencia, conozcan de la existencia y puedan efectivamente acceder a las herramientas que entregan la ley, solicitando acogerse a los procedimientos concursales en tribunales o en el caso de la renegociación de la persona deudora ante la Superintendencia. Y es acá donde la intensiva educación financiera y difusión que hace la Superir para que más personas y empresas conozcan nuestra institución, ha generado un incremento sostenido en las tasas de solicitudes. En este contexto, es que hemos realizado cada año más convenios (97 en los últimos 3 años) con distintos órganos del Estado, como Sernac, Corfo, Sercotec, gobernaciones, municipios, entre otro, además de entidades gremiales como Propyme y Asech, para dar a conocer nuestra Ley, por medio de un número creciente de acciones de difusión (más de 1.500 en los últimos 3 años), como charlas, capacitaciones, participación en Gobiernos en terreno”. “Finalmente, para esta Superintendencia se ha logrado el objetivo por el cual se creó la normativa, en cuanto a ser una respuesta efectiva a sectores de la población que antes no tenían cómo enfrentar un endeudamiento severo, a través de procedimientos de menor duración y costo de lo que existía bajo la Ley de Quiebras. En dicho régimen, 5.300 procedimientos se gestionaron en 34 años (mayoritariamente empresas, dado que la Ley de Quiebras no estaba pensada para las personas), mientras que, bajo la nueva norma 20.720, más de 22 mil procedimientos se han gestionado en solo 5 años”.