Actualmente, los exámenes de cuentas realizados por el organismo contralor del presupuesto y de las contrataciones públicas se enfocan, principalmente, en un control legal y posterior. Esta modalidad suele generar cierta permisividad y abre espacios para desviaciones o un uso deficiente de los recursos públicos. Además, el control financiero preventivo resulta insuficiente, mientras que el control posterior tiende a ser coercitivo al final del proceso presupuestario, por lo que es percibido más como una fiscalización punitiva o denuncia que como una contribución a la mejora continua.

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