Las grandes transformaciones de las sociedades post-neoliberales caracterizadas por los procesos de globalización, fortalecimiento del mercado y cuestionamiento a la capacidad del Estado para responder a problemas cada vez más complejos como la desigualdad, la pobreza, y el deterioro del medioambiente, vuelven a poner en debate lo que es público, lo que es común, y con ello, la búsqueda de nueva nuevas formas de gobernar y gestionar los problemas públicos.

En este escenario, los conceptos de innovación social, innovación pública, co-creación, co-producción aparecen como categorías emergentes que tratan de caracterizar las respuestas que están dando las sociedades ante estos desafíos. Es así que a nivel global, y también en América Latina, se observa el surgimiento de formas innovadoras de participación que responden a un modelo de gobernanza colaborativa, en las que ciudadanos y comunidades desempeñan un papel activo en la co-creación de servicios y políticas públicas, a la vez que las nuevas tecnologías de la información habilitan nuevas formas de participación (como por ejemplo, el crowdsourcing, el crowdfounding, y el crowdmapping, entre otros).

Uno de los primeros elementos a considerar a la hora de analizar los modelos de gobernanza es, por lo tanto, el enfoque a partir del cual los gobiernos incorporan la participación. Dicho enfoque corresponde a diferentes concepciones del diseño e implementación de políticas públicas y puede ser, en principio, de carácter gerencial o de gobernanza colaborativa. En el primer caso, la participación es incorporada fundamentalmente para conocer las preferencias y el grado de satisfacción que los ciudadanos, lo cuales son concebidos como consumidores o clientes y, por lo tanto, tienen en relación con la provisión de bienes y servicios públicos, y la relación entre gobierno y sociedad se funda primordialmente en un modelo contractual, donde se legitiman políticas pre-de nidas. En el segundo caso, el enfoque de gobernanza implica la convocatoria de diferentes actores y grupos sociales para discutir aspectos sustantivos de las políticas públicas y, por lo tanto, la incorporación de la participación que busca como objetivo nal la construcción deliberativa del espacio público (Lechner 1996). Un espacio donde estos procesos de movilización ciudadana se los reconozca como actores legítimos en la de nición de políticas y soluciones que potencialmente les pueden afectar.