Un gran tema pendiente en los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe es que carecen de una institucionalidad que facilite su adaptación oportuna ante el cambio demográfico que se avecina y ante las potenciales tensiones sociales y fiscales que este puede generar. Esta limitante provoca que los Gobiernos ajusten el sistema ocasionalmente y retrasen las reformas necesarias, típicamente, en un momento donde las opciones técnicas son muy limitadas y la acción debe ser casi inmediata. La presión por resultados a corto plazo puede, además, implicar importantes sacrificios para las generaciones afectadas. En parte esto se debe a que la economía política de las reformas de la seguridad social es muy compleja. En ausencia de reglas de ajuste y de instituciones que revisen oportunamente los parámetros fundamentales de los sistemas de pensiones, las reformas de pensiones suelen ser gatilladas por crisis fiscales o sociales. La crisis generada por el COVID-19, además, dejó al descubierto las fragilidades de los sistemas de seguridad social de América Latina y el Caribe. En la región, algunos países ya hicieron esfuerzos para robustecer su institucionalidad con el fin de hacer frente a impactos de distintas naturalezas, como es el caso de Chile y El Salvador. Este documento presenta una revisión de ocho casos de estudio representativos de la experiencia internacional en el diseño, responsabilidades y funcionamiento de consejos asesores de pensiones. Copyright © [2021] Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/ legalcode ) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas